Publicado por Joaquín Olona en iagua 14-01-2015.
El pasado 7 de Enero, la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón clausuró los actos de celebración del centenario de la Ley de 7 Enero de 1915, sobre riegos del Alto Aragón. Una ley que trascendió al ámbito estricto de su aplicación geográfica y que marcó un punto de inflexión en la gobernanza del agua.
Por Joaquín Olona. Publicado en iagua 5 de junio de 2013.
El reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas en materia de agua contrasta con la escasa valoración y atención que nuestra propia sociedad les viene concediendo durante los últimos tiempos.
A punto de que la propuesta original de creación de las actuales Confederaciones Hidrográficas cumpla su primer centenario y sin que tales instituciones hayan logrado desarrollar todo el potencial que concibieron sus creadores, la situación de la gobernanza del agua resulta tan preocupante como intolerable les pareció en 1913 a quienes promovieron el Primer Congreso Nacional de Regadíos de Zaragoza.
La Federación Agraria Aragonesa, preocupada por la situación a la que estaban conduciendo las que a su juicio eran injustificadas y exacerbadas campañas en contra de las obras hidráulicas y el regadío, el 28 de junio de 1913 acordó celebrar, en Zaragoza, un congreso en el que .
Entre los días 2 y 6 de octubre de 1913, en la entonces Facultad de Medicina y Ciencias, ahora Rectorado de la Universidad de Zaragoza-, se celebró el Primer Congreso Nacional de Riegos. Contó con 657 inscritos pertenecientes a 312 entidades de toda España y tuvo una enorme trascendencia.
Este primer Congreso puso en marcha un profundo debate que, junto con las sucesivas ediciones de Sevilla (1918), Valencia (1921), Barcelona (1927) y Valladolid (1934), influyó de manera decisiva en el desarrollo de las políticas hidráulica y agraria españolas de la primera mitad del siglo XX.
Pero el Congreso de Zaragoza de 1913 tuvo, por sí mismo, una importancia capital. Sobre todo por dos aportaciones que derivaron innovaciones institucionales de primer orden, la de Manuel Marraco y la de Félix Martínez Lacuesta.
El abogado y político aragonés Manuel Marraco –Ministro de Hacienda entre marzo de 1934 y abril de 1935-, en su ponencia “”, reclama la moralización de la política, la necesidad de remover los excesivos obstáculos existentes entre los legisladores y los ciudadanos poderdantes, la utilidad social e interés general de las obras hidráulicas, cuya realización debe ser confiada al Estado en cualquiera de sus manifestaciones, la exclusividad de las Comunidades de Regantes como concesionarias de tales obras así como la conveniencia de que los recursos naturales, cuya utilización conviene a la colectividad, sean exclusivamente explotados por la entidad política más directamente interesada.
Félix Martínez Lacuesta, abogado, político y bodeguero riojano, en su ponencia “” propone crear una entidad independiente que, representando los intereses más análogos de la cuenca del Ebro, aporte la fuerza y la inteligencia necesaria para ejercer una acción común encaminada a convertir en realidad las aspiraciones de carácter económico que previamente incluya en su programa. En concreto propone abordar el Plan de Riegos del Alto Aragón, que por su dimensión afecta a toda España, regularizar el caudal del Ebro mediante el Pantano de Reinosa, potenciar la producción hortofrutícola para su exportación a Londres y el Norte de Europa, desarrollar las redes de transporte y las estructuras comerciales necesarias para acceder a tales mercados, imponer la acción común para luchar contra las plagas del campo y reforzar la guardería rural ya que los frutos que son valiosos, por ser más apetecibles, necesitan de mayor vigilancia.
La ponencia de Martínez Lacuesta, al introducir la idea de unidad de cuenca y llamar a la implicación directa de todos los interesados en la gestión de los recursos, se considera el germen de las Confederaciones Hidrográficas. Así lo declara expresamente el padre de las Confederaciones Hidrográficas, Manuel Lorenzo Pardo tras lograr que el 5 de marzo de 1926 el Gobierno de entonces no sólo aprobara la primera Confederación Hidrográfica del mundo, la del Ebro, sino que, valorando el interés de la idea, aprobara ese mismo día otro RD por la que se autorizaba, con carácter general, la creación de tales entidades - Confederaciones Sindicales Hidrográficas- en el resto de las cuencas. Una aportación netamente española a la gobernanza del agua, de particular interés para los contextos hidrológicos en los que, sin regulación hidráulica, no puede disponerse de agua con la seguridad física y jurídica necesaria. Una aportación que enseguida empezó a extenderse por todo el mundo.
El reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas en materia de agua contrasta con la escasa valoración y atención que nuestra propia sociedad les viene concediendo durante los últimos tiempos. Como también es escasa y muy insuficiente la atención prestada por las autoridades comunitarias, empeñadas en promover soluciones basadas en la competencia y el mercado. Y todo ello, a pesar de que los enfoques institucionales basados en la cooperación y en la acción colectiva, plenamente coherentes con aportaciones científicas más recientes, reconocidas incluso con el Premio Nobel como es el caso de John Nash (1994) o de Elinor Ostrom (2009).
Existen suficientes evidencias científicas, empíricas, históricas y culturales para poder afirmar que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones específicas que generen incentivos coherentes con los objetivos, anteponiendo la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Consecuentemente, es preciso asegurar la participación efectiva y responsable de los usuarios y representantes de la ciudadanía, profundizando en la institucionalización de los procesos de negociación y concertación en los que debe traducirse la cooperación. Por todo ello, las Comunidades de Usuarios, la Confederaciones Hidrográficas y el principio de unidad de cuenca aportan fundamentos institucionales de gran valor, que permiten afrontar los retos del siglo XXI y ser referentes europeos si se aborda un proceso de impulso y desarrollo institucional coherente con las nuevas exigencias y necesidades.
Habiendo transcurrido un siglo desde que Félix Martínez Lacuesta aportara su visionaria idea de una gobernanza del agua basada en la unidad de cuenca y en la participación directa de los usuarios, es momento de promover un nuevo impulso institucional acorde con los retos del siglo X Partenariado del Agua del Ebro que, al igual que se hizo hace cien años, llama a defender su opinión a todos quienes deseen hacerlo, con la seguridad de que todos hallarán el merecido respeto.
Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón, 24 de junio de 2015.
Paralizar de nuevo el embalse de Biscarrués, proyectado en el río Gállego, no contribuye necesariamente al bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, al interés general. Al igual que los intereses económicos son particulares cuando los beneficios se circunscriben a un grupo social limitado lo mismo cabe decir respecto de los intereses ambientales cuando no están legitimados por la mayoría social.
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